Embargo facturas por Tesorería. Ilegalidad del SII y riesgo para el crédito.

A raíz de la Reforma Tributaria y la baja recaudación fiscal(considerando la expectativa y el gasto fiscal); el SII ha restringido el timbraje de facturas de los deudores de impuestos, exigiéndoles su emisión previa (timbraje de facturas “nominativas”). El objetivo de esta medida es obtener datos de quienes deben pagar aquellas facturas para enviárselas al abogado de Tesorería que persigue el pago de los impuestos adeudados.

Lo anterior supone, en primer término, una transgresión por incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 168 inciso tercero: “…a través de los funcionarios que designe nominativamente el Tesorero General”; Si bien Tesorería puede obtener dicha información por parte del SII, esto debe hacerse previa designación de quien debe obtenerla, cuestión que no ha ocurrido. Estamos, por tanto, una vez más frente a una arbitrariedad del SII, que pasa por alto la norma y establece la medida restrictiva(que sí está dentro de sus facultades), pero con un objetivo mal cumplido y, por tanto, ilegal. En qué afecta esto a los contribuyentes deudores? Lo más destacable, por cierto, es que el legislador ha establecido la protección de la información tributaria del Contribuyente y si el SII entrega esa información a Tesorería sin ningún control, cuánto más puede hacer?. Hay un riesgo comercial implícito que podría verse expuesto: no sabemos quiénes podrían tener acceso a los clientes de contribuyentes deudores.

En segundo lugar, la industria del crédito otorgado mediante facturas, a la luz del procedimiento crediticio regulado por la ley 19983, denominada comúnmente Ley de Facturas, debe asumir otro riesgo asociado a la existencia del crédito contenido en ellas: el embargo.

El cliente del contribuyente deudor, frente al embargo de dichos crédito, estará en la obligación de pagar la factura al fisco y no a su proveedor. En la mayoría de los casos esta actuación significará el término de la relación comercial (ya que nadie prestará servicios ni entregará mercaderías si no es por el pago del precio); constituirá, para el cliente, una contingencia difícilmente aceptable y optará por pagar por última vez a su proveedor (pero esta vez directamente al Fisco), y la búsqueda inmediata de alternativas.

Para la industria de crédito asociado a las facturas, el riesgo de embargo de las mismas, desde el momento de su emisión, supone un problema mayor.

Habitualmente la “compra” de los créditos se hace antes que queden Irrevocablemente aceptadas o incluso antes que la notificación de la cesión del crédito contenido en ellas produzca plenos efectos. Así, un embargo intermedio a los efectos jurídicos precitados, traería como consecuencia que los créditos no produzcan transferencia de dominio y, por tanto, que no se puedan recuperar ni aun mediante juicio ejecutivo contra el deudor de las facturas (quien deberá pagarlos a Tesorería). Y, finalmente, sólo podrá perseguir el pago de las facturas contra su cliente o “el cedente”, quien desde luego, se encuentra en situación de no poder cumplir sus obligaciones (títulos embargados, deuda por impuestos, falta de liquidez, pérdida de contratos, etc). La consecuencia es nefasta.

Sólo queda, para la industria del Crédito asociado a facturas, tomar medidas, tales como no financiar facturas de deudores morosos de impuestos.

Lo anterior es una muy mala noticia para las ya golpeadas Pymes, que deben impuestos y que además el Fisco por medio del SII vuelve a cerrarle las puertas para un tan necesario financiamiento.

 

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